Andrés Riva Casas

Cada hora, tres personas fallecen en Estados Unidos a causa de armas de fuego, mientras que siete reciben un impacto de bala. Mientras tanto, cada día, 53 personas utilizan una para quitarse la vida. En el año 2011, tan solo en este país, la cantidad de muerte por armas de fuego superó en más del doble la cantidad de muertos en atentados terroristas en todo el planeta. Y es que el promedio de muertes por arma de fuego en EE.UU. es 10 veces mayor que en cualquier país de Europa. Desde el año 1984 se han producido ocho grandes masacres de civiles – aunque la cifra aumentaría exponencialmente si tenemos en cuenta muchas en las que no han muerto menos de diez personas –, siendo la más reciente la sucedida en una escuela de Newtown, en la cual 20 niños y 7 maestros perdieron la vida a manos de un trastornado mental que ingresó al establecimiento con un fusil de asalto. Tan solo semanas antes un joven fanático asesinó a 12 personas e hirió a 50 en el estreno de la última película de Batman en un cine de Colorado.

Se reaviva el debate

El incremento en la frecuencia de este tipo de sucesos, en los cuales mueren infamemente decenas de personas inocentes, ha puesto nuevamente sobre la mesa un tema que se ha convertido en un tabú para la sociedad norteamericana: el control de armas. Desde 1791, la Constitución norteamericana – un texto prácticamente imposible de reformar o modificar – protege el derecho de los ciudadanos estadounidenses de poseer y llevar armas, derecho que se extiende a casi todo tipo de armamento existente, como los fusiles de asalto AR-15, un arma semiautomática capaz de disparar más de diez balas por segundo. Este fusil fue el utilizado por el asesino de Newton y es conocido como el preferido para cometer este tipo de asesinatos, donde lo que importa es asesinar a la mayor cantidad de personas posibles en la menor cantidad de tiempo. La Asociación Nacional del Rifle, organización conservadora que suele financiar campañas electorales de republicanos que pretenden un lugar en el Congreso, es la principal defensora de este derecho que, según afirman, es un estandarte fundamental de la libertad y su restricción representaría un ultraje al espíritu constituyente de la nación que mejor encarna los valores liberales.

Obama va con todo

El Presidente Obama, con gran impulso del vicepresidente Biden – y la estrecha colaboración de la congresista Gabrielle Giffords, quien en 2011 sufrió un impacto de bala en la cabeza en un atentado en el que fallecieron 6 personas –, ha iniciado el 2013 con una gran ofensiva en contra de la tenencia de armas, con un paquete de medidas que si bien no solucionarán el problema de raíz, atienden a controlar el mercado de las armas. Pero si bien el 52% de los norteamericanos se muestra favorable a imponer ciertas restricciones a los compradores de armas, la tarea de Obama no será fácil, dado que el Congreso es dominado por los republicanos, cuya postura es ampliamente conocida.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno, que implica un presupuesto de 500 millones de dólares para luchar contra futuras masacres de civiles, incluye medidas que a estas alturas, y con los resultados a la vista, resulta inverosímil que alguien pueda oponerse a ellas. Entre otras cosas, se propone la prohibición de comercializar armas de asalto y la exigencia de comprobación de antecedentes criminales para todas las ventas.

Incierto futuro

Pero como ya se sabe de antemano, y el propio Obama lo ha reconocido al realizar su propuesta al Congreso, su iniciativa contra la tenencia de armas tiene un futuro incierto y elevadas posibilidades de fracasar y morir en la ignominia. Independientemente de ello es importante valorar la iniciativa de Obama, que ha decidido enfrentarse al establishment, y a una de las instituciones más antiguas, arraigadas y defensora de los valores más conservadores del país como es la Asociación del Rifle.

Debemos tener presente que la batalla de Obama contra las armas no es un mero capricho, sino que representa un lucha contra la más cruda violencia de una sociedad desbordada. Ver las imágenes desgarradoras de 20 niños asesinados debería ser suficiente motivo para darle la razón.

Andrés Riva Casas

Los sucesos de los últimos días en Venezuela respaldan plenamente una hipótesis bastante extendida y desmentida hasta el hartazgo por el Gobierno venezolano: la muerte de Chávez es un hecho de tal inminencia, que la idea de que el comandante vuelva a tomar las riendas del Gobierno resulta irreal hasta para sus más cercanos colaboradores. Tal es así que luego de reservar con denodado celo el “trono” Presidencial al mandatario, tanto el chavismo como la izquierda latinoamericana han cambiado radicalmente su postura frente al tema. La cuestión que ahora se plantean ya no es cuándo regresará Chávez, sino qué pasará cuando éste desaparezca por completo de la escena política de su país y el continente.

¿Cómo respaldo esta afirmación? El primer suceso que me asiste aquí es la fantochada organizada por el Gobierno venezolano en connivencia con el Tribunal Supremo de Justicia que, por fuera de todas las posibilidades existentes – comprendidas en la Constitución del país – le permitió al Presidente electo asumir su nuevo mandato bajo dos condiciones infames. La primera es su ausencia física en el país a causa de su precario estado de salud. La segunda, la total incertidumbre acerca de cuál es su verdadero estado de salud, dado que la información se ha brindado a la población por medio de sus colaboradores y parientes, sin presentar siquiera un mero parte médico.

El segundo es la presencia de líderes regionales tanto en Cuba como en Venezuela, en el extraño papel de celadores de la revolución bolivariana.

Un nuevo panorama

La principal preocupación del chavismo y sus aliados políticos del continente no es otra que la reconfiguración que sufrirá el panorama político regional. Y no es difícil advertir que la cocina de lo que sucederá en adelante no está en Venezuela sino en Cuba, alicaída meca de la izquierda revolucionaria, convertida hoy en un parásito dependiente de la millonaria “generosidad” de Chávez. Dos aspectos les quitan el sueño. El primero es que la izquierda del continente perderá su principal sustento ideológico y económico, corriendo el riesgo incluso de que su muerte precipite la caída del régimen comunista cubano. El segundo es quién será, si es que hay alguien, el encargado de continuar con el legado chavista.

Con respecto al primer punto, las noticias no son muy buenas. Venezuela arrastra una situación económica crítica, convertida hoy en una bomba de tiempo, por lo que, con Chávez o sin él, la generosidad económica tarde o temprano se cortará. El sustento ideológico es un aspecto sustancialmente más simple, dado que el pastiche de socialismo nacionalista antiimperialista fomentado por Chávez es eternamente más liviano que el marxismo–leninismo de los hermanos Castro. Nicolás Maduro, orador experimentado, no tendría mayores problemas para continuar con el legado del comandante.

Sucesores y seguidores

Sin embargo, en cuanto a la aparición de un sucesor del Presidente venezolano en la “consolidación” de bloques de integración como la Celac, el ALBA, la Unasur y hasta el olvidado Banco del Sur, es un tema de mayor complejidad. La primera salvedad que debemos hacer aquí es que los líderes del continente simpatizantes de Chávez se dividen en seguidores y aliados del chavismo por un lado, y posibles sucesores por otro. Sin dudas, y a pesar de que Chávez designó a Maduro como su eventual sucesor, el principal postulante para suceder a Chávez en el plano regional es el Presidente ecuatoriano Rafael Correa. A pesar de suscitar ciertas reticencias en La Habana, el ecuatoriano ha allanado camino en los últimos tiempos, radicalizando su discurso y su accionar, cada vez más similar al del venezolano. Otros posibles sucesores, aunque sin ningún tipo de posibilidad real, son Evo Morales y Daniel Ortega, que a pesar de no faltarles las ganas, carecen del carisma y el respaldo económico necesario. En cuanto a los seguidores – aliados, amigos, etc. –, encontramos en primera plana a Cristina Fernández y Ollanta Humala, que en los últimos días han visitado a Chávez directamente en La Habana. En otra escala, José Mujica aparece como un aliado de segundo orden, visitando Caracas para dar apoyo al fantoche de Nicolás Maduro y servir como legitimador de una jugarreta plenamente antidemocrática. Dilma Rousseff, en su rol de líder de una potencia regional, se ha limitado a advertir que no permitirá un quiebre de la institucionalidad democrática. Nada de visitas, discursos o acalorados saludos.

Ingenua obstinación

Lo que nos queda claro de lo que hemos visto hasta ahora es la incuestionable fuerza de Chávez como caudillo continental y el arraigado liderazgo que – aún en coma desde una camilla – continúa ejerciendo. Pero además conocimos la ingenua obstinación de algunos presidentes como el nuestro, que tras una pésima lectura de la situación – algo que no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que viajó con el fanático vicecanciller Roberto Conde como su principal asesor – han puesto su imagen al servicio de una causa turbia, interviniendo groseramente en los asuntos internos de otro Estado. Estos líderes, que se han jugado en cuerpo y alma a la continuidad del chavismo sin Chávez, parecen nunca haber abierto un libro de historia.

Ope Pasquet

El pasado jueves el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que, en sustancia, habilita al fideicomiso propietario de los aviones de Pluna a disponer de ellos; la idea es que sea la empresa que formen quienes fueron trabajadores de Pluna, la que reciba esos aviones y los utilice.

El proyecto de ley fue sancionado con los votos del oficialismo solamente; los partidos de oposición no lo apoyamos, por entender que la excesiva generalidad y amplitud de sus disposiciones lo asemeja a un cheque en blanco que obviamente, en las actuales circunstancias –es decir, con una investigación penal en trámite- no estamos dispuestos a darle al gobierno.

La discusión parlamentaria se centró en lo ocurrido hasta ahora y en las responsabilidades emergentes de ello. Está bien que así haya sido; para que la democracia funcione bien es necesario que la gestión de los asuntos públicos sea sometida a controles y que los gobernantes se hagan cargo de los errores cometidos.

No recibió en cambio la atención necesaria –a mi juicio- lo atinente a lo que se espera que sea la empresa que ocupe el lugar que Pluna dejó vacío (aunque no lleve su fatídico nombre): esa nueva aerolínea que sería de propiedad de los ex trabajadores de Pluna, que recibiría el apoyo del Estado y que nos aseguraría la “conectividad” que hoy nos falta. Los comentarios del oficialismo a este respecto se agotaron en el elogio a los trabajadores, a su actitud constructiva, a la seriedad de su planteo, etc.; pero del proyecto empresarial en sí, casi no se dijo nada.

El único senador que se refirió a dicho proyecto en términos concretos fue Eduardo Lorier. El legislador comunista tuvo el mérito de abordar la tarea que nadie había cumplido hasta que él habló, comentando diversas previsiones y estimaciones en las que funda el proyecto sus pretensiones de viabilidad.

Pero el discurso de Lorier, obviamente, no quiso ser un análisis técnico e independiente del asunto, sino un vibrante alegato político en pro de los ex trabajadores de Pluna (que colmaban las barras del Senado), y eso fue.

Lo que faltó en el debate fue, precisamente, el análisis técnico e independiente de la propuesta de los trabajadores, que el gobierno quiere apoyar. Es cierto que todos los legisladores que conocen la propuesta, tanto del gobierno como de la oposición, la han elogiado, por considerarla seria y bien fundada. Pero esa apreciación política no sustituye la evaluación técnica, rigurosa y desapasionada.

Y esa evaluación es necesaria, antes de que el Estado vuelva a comprometerse, de un modo o de otro, en un negocio que a través del tiempo le ha costado muchos millones de dólares a generaciones y generaciones de uruguayos.

¿Es realmente necesario que contemos con una “aerolínea de bandera”? ¿Cuánto le costaría al país? ¿Qué alternativas existen y cuánto costarían? ¿Qué resultados arroja la comparación de los costos y beneficios que puedan esperarse de las diversas hipótesis consideradas? ¿Qué le conviene más al país: que el gobierno financie un nuevo emprendimiento aeronáutico, o que apoye a AFE para recuperar el ferrocarril? ¿Podemos hacer las dos cosas y además impulsar el puerto de aguas profundas, por ejemplo…?

Estas y otras preguntas similares son las que no aparecen planteadas, ni mucho menos respondidas. Se sustituye el tratamiento de estas cuestiones por la exaltación de los trabajadores y las manifestaciones de confianza en lo que ellos hagan.

Los trabajadores deben ser contemplados, naturalmente, a través de los diversos instrumentos con los que el Estado cuenta para apoyar a quienes han perdido su empleo y legítimamente aspiran a volver a trabajar. Pero una cosa es resolver el problema social y humano que plantea la situación de esas personas, y otra muy distinta es seguir comprometiendo fondos públicos en emprendimientos de incierto destino.

Esto último es, empero, lo que Uruguay se dispone a hacer, una vez más.